Más de 200 expertos del ámbito jurídico, de las administraciones, universitario y del movimiento asociativo han analizado en profundidad, y por primera vez, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la agenda legislativa pendiente seis años después de que entrara en vigor.

 

La encargada de poner punto y final a dos intensos días de debate ha sido Gloria Álvarez Ramírez, abogada y coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad, que ha cerrado el ciclo de ponencias con la exposición de las principales conclusiones obtenidas.

 

“La Convención está viva y requerirá tiempo para afianzarse”, afirmaba la coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad. “Es válida como marco rector de la agenda política, pero el proceso de afianzamiento lo deberán pilotar las propias personas con discapacidad”, añadía.

 

En el acto de clausura, han estado presentes Carlos Álvarez Jiménez, vicepresidente segundo de la Fundación Derecho y Discapacidad; Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Lourdes Méndez Monasterio, presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados; Marta Nievas Ballesteros, diputada de Bienestar Social y Familia de la Diputación de Granada; Mª Juana Pérez Oller, adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz; Victoria Ortega Benito, secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, y  Jesús Sáez González, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.